Verde percudido

SERGIO AGUAYO QUEZADA a.m.com.mx 7 de abril de 2010

Monsi, ¡recupérate! ¡Te necesitamos!

Si les preocupara la simulación y la corrupción le quitarían el registro. Me estoy refiriendo al Consejo General del Instituto Federal Electoral y al Partido Verde Ecologista de México.

Si tomamos como barómetro la pésima opinión que de ellos tenemos, los partidos políticos serían los hijos malcriados de la democracia mexicana, porque han desperdiciado las fortunas recibidas. Como son insustituibles urge una modificación en sus actitudes, lo cual requiere entre otras medidas, que el IFE modifique el método de abordar casuísticamente el comportamiento de algunos partidos, y los revise integralmente como parte de una crisis estructural. El primer candidato al escrutinio es el Verde Ecologista. Fundamento la afirmación.

En 1993 el Verde se inconformó en un desplegado por la reforma al artículo 82 constitucional que quitó la prohibición a los hijos de extranjeros para ser candidatos a la Presidencia. La modificación fue promovida por Vicente Fox y el Verde acusó a los legisladores de “cometer un acto contra la nación”, y se comprometió a “luchar de forma pacífica pero firme y enérgica” para revertir la reforma (Proceso, 20 de septiembre de 1993). Seis años después, y sin dar ninguna explicación sobre el viraje, se alió con el PAN para postular a Fox a la Presidencia.

El Verde es el príncipe de las “juanitas” Ponen a mujeres como candidatas y cuando son elegidas renuncian a favor del suplente varón. En las dos últimas elecciones federales burlaron la cuota de género con 14 diputadas o senadoras. La presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís, califica a este tipo de renuncias como “inconstitucional”. (El Universal, 26 de octubre de 2009).

En las elecciones de 2009 se dieron vuelo. El eje de su campaña fue promover la pena de muerte, lo que viola uno de los principios fundamentales de esa corriente; se ganaron el repudio de sus contrapartes en Europa que los expulsaron de la “familia política verde”. Ese año sorprendieron, en un aeropuerto de Chiapas, al senador Verde, Arturo Escobar con una bolsa con un millón cien mil pesos en efectivo y nombraron en los lugares privilegiados de las listas a personajes cercanos a las televisoras con quienes se formó una “telebancada”.

Los resultados están a la vista. El actual coordinador de los Verdes es Juan José Guerra Abud, quien no tiene antecedentes de ambientalista, pero está bien relacionado con Enrique Peña Nieto, y decidió abstenerse en la aprobación hecha por los diputados de la reforma constitucional que permite acciones colectivas, porque se estaría “abriendo una caja de Pandora” que podría generar perjuicios a la comunidad y a las “empresas” (Reforma, 4 de abril de 2010).

El último escándalo lo desató el empresario Simón Charaf, quien en entrevista con Carmen Aristegui, aseguró que el Verde le habría pagado 600 mil dólares a los actores Raúl Araiza y Maité Perroni para que hablaran bien de la pena de muerte. Como se trata de una acción ilegal, los consejeros del IFE prometieron investigar, el PRD ya hasta metió una demanda y es posible que el Verde reciba otra multa que pagará sin chistar porque es un costo marginal de un negocio redondo.

Entre 1997 (año en que los partidos empezaron a recibir carretadas de dinero) y 2010, el Verde ha recibido 2,996 millones de pesos más una cantidad no determinada de los estados y otros ingresos difíciles de contabilizar. De ese año a la fecha el IFE le ha impuesto multas por unos 167 millones de pesos (cifra aproximada).

¿A quién representa el Verde? Cuando en 2004 nos enteramos que su presidente Jorge Emilio González Martínez pidió una “mordida” de dos millones de dólares para gestionar un cambio del uso de suelo de un terreno en Cancún, la comunidad ambientalista publicó un desplegado de dos páginas en Proceso. Su opinión era tajante: el Verde “no es, no ha sido, ni será con su actual estructura, un partido ecologista”. Una semana después el Verde respondió enumerando sus acciones en dos páginas del mismo semanario (Proceso, 25 de abril y 2 de mayo de 2004).

El analista fundamenta lo que afirma pero los organismos públicos de los derechos humanos cuentan con los elementos para defender el bien común. El IFE debería asumir su papel y hacer una investigación integral sobre el Verde porque evidencias como las aquí presentadas apuntan a un sistemático “fraude a la ley” (buscar las vulnerabilidades de los códigos para violar su letra y espíritu). De confirmarse, el IFE podría considerar la exigencia central hecha por los ambientalistas en el desplegado, “La cancelación del registro”, de 2004.

La corrupción ya dejó de ser funcional y está destruyendo al País. ¿Podrá sacudirse el IFE la modorra timorata y ponerse a limpiar la mugre de la vida partidista? Si lo hace que piense en el percudido Verde.

Comentarios: www.

sergioaguayo.org

Colaboraron Stalin Muñoz Ayora y Laura Ruiz Castro.